A través de recurso judicial buscan impedir expulsión del país de ciudadana francesa

Como “Bertolino contra Fernández” fue caratulado el recurso de amparo interpuesto el pasado 28 de noviembre ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, aludiendo a la ciudadana francesa Justine Marie Bertolino y al intendente de Magallanes, José Fernández Dübrock. La acción constitucional apunta a dejar sin efecto el decreto de expulsión que, como informó hace una semana el dominical El Magallanes, le fue notificado a la aludida.

Detenido quedó el proceso de expulsión de la ciudadana extranjera luego que la Corte acogiera la petición de no innovar hecha por el defensor penal público, Ramón Bórquez, quien interpuso el pasado jueves el escrito ante el tribunal de alzada.

Fundamenta su petición en que el decreto de expulsión emitido por la Intendencia Regional sería “ilegal y arbitrario”, contraviniendo normas y una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantía, en la que se decretó el arraigo regional de la recurrente, contra quien en su momento se formularon cargos por daños y desórdenes públicos, atribuyéndole responsabilidad en los rayados que se efectuaron en el Monumento a Hernando de Magallanes, en septiembre pasado.

“Si bien la Ley de Extranjería entrega facultades a la autoridad para regular el tránsito de los extranjeros dentro y fuera del país, el artículo 19 Nº7 de la Constitución Política garantiza el derecho de libertad de movimiento (…) la autoridad no puede actuar fuera de los marcos de dicha normativa, porque entonces también se encontraría vulnerando el ordenamiento jurídico nacional”, argumenta el recurso judicial.

Plazos legales

Se detalla en el recurso de amparo que es de público conocimiento, y probablemente también de las autoridades regionales y comunales, que el 5 de septiembre pasado, Bertolino fue detenida en medio de los incidentes ocurridos en la Plaza de Armas de Punta Arenas. En esa oportunidad se le formalizó investigación por los supuestos delitos de daños simples y desórdenes públicos. “La amparada e imputada en dicha causa penal, quedó sujeta desde esa fecha a las siguientes medidas cautelares: Prohibición de asistir a manifestaciones públicas y al arraigo regional (…) en la audiencia se fijó un plazo de investigación de 60 días”, subraya el escrito, enfatizando en que dicha causa penal, aún se mantiene vigente.

Se debe consignar que, el fundamento para decretar la expulsión de la ciudadana francesa apunta a que su visa de turista habría caducado, ya que ingresó al territorio nacional el 20 de julio pasado, caducando dicho permiso de estadía el 20 de octubre. Sin embargo, no se le podría atribuir a ella esa infracción a la ley de extranjería, ya que existe una resolución de un juez que la obliga a permanecer en Chile como medida cautelar, es decir, la defensa plantea un conflicto de normas.

La Corte debe resolver

Ahora, lo que resta esperar es que los ministros de la Corte de Apelaciones resuelvan si es que dejan sin efecto o no el decreto firmado por el intendente Fernández. Pero, para ello, pidieron a la Intendencia de Magallanes remitir los antecedentes que llevaron a la autoridad administrativa a decidir la salida forzosa de la recurrente.

En tanto, el proceso de expulsión que ya había comenzado tras notificar a la mujer, y que tenía carácter de inmediato, quedó pausado hasta que se ponderen los argumentos de ambas partes.

A la solicitud de antecedentes, la Intendencia pidió un plazo de 48 horas para presentar los antecedentes, tiempo que vencería hoy; y que, de no ser cumplido o ampliado, podría significar la revocación de la orden de expulsión de Bertolino, al menos, hasta que concluyan las causas penales que mantiene abiertas en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

La Prensa Austral

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