Con allanamiento en dependencia del ex Hospital Regional encontraron especies robadas durante saqueos y protestas

A primera hora de este sábado se ejecutó una orden judicial de entrada y registro con descerrajamiento emanada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego que el fiscal Felipe Aguirre, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), reuniera evidencia que permitiría sospechar que, en el antiguo jardín infantil del ex Hospital Regional, fueran ingresadas especies fruto de robos y saqueos ocurridos entre los días 22 y 23 de octubre en el centro de Punta Arenas.

Un fuerte contingente policial, entre Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), y detectives de la PDI, llegaron cerca de las 8 horas hasta la casona ubicada en el pasaje Víctor Fernández Villa, sector poniente del abandonado hospital Dr. Lautaro Navarro. Ahí, se hizo ingreso por la fuerza, encontrando a una veintena de personas pernoctando en dicho lugar.

Sobre la diligencia, el fiscal Aguirre explicó que “esta diligencia fue en virtud de que testigos señalaron haber visto a personas ingresando a ese lugar con especies sustraídas en medio de los saqueos y, a partir de eso, se comenzó a investigar”.

Informó también el jefe de la Sacfi que no se logró el hallazgo de gran cantidad de especies además de algunos bidones con líquidos inflamables. Respecto de esto último, fuentes policiales precisaron que la argumentación entregada por las personas fue que eran utilizados para artes y malabarismo.

Dicho procedimiento no refrendó personas detenidas, pero sí se controló la identidad de los presentes, entre ellos, se identificó a una persona que mantenía una causa pendiente por lo que fue detenida y trasladada al Juzgado de Garantía.

Respecto de los pormenores de la diligencia, Aguirre declinó entregar más detalles, ya que se trata de una investigación en pleno desarrollo.

Ciudadana francesa

Durante el mismo procedimiento, en el inmueble allanado fue encontrada la ciudadana Justine Marie Bertolino, quien está imputada por su eventual participación en los daños provocados al Monumento a Hernando de Magallanes, y contra quien se emitió un decreto de expulsión.

Detectives de Migraciones y Policía Internacional la notificaron de la resolución administrativa, que queda sujeta al término de las causas penales que la mujer de 29 años mantiene en nuestro país.

Cabe señalar que ahora, ella puede apelar a la medida adoptada por la intendencia Regional de Magallanes al Ministerio del Interior, y agotar todas las instancias legales que le permitan revertir la decisión administrativa, mientras aquello no suceda, no es posible materializar su salida del país.

La Prensa Austral

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