Urrutia, Flores y otros 8 diputados piden al TC remover a 12 parlamentarios del PC y FA

Cinco diputados de la UDI (Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Cristhian Moreira, Osvaldo Urrutia, Celso Morales y Jorge Alessandri) y cuatro de RN (Harry Jürgensen, Carlos Kuschel, Camila Flores y Aracely Leuquén) junto a Ignacio Urrutia (Partido Republicano, en formación) solicitaron al Tribunal Constitucional (TC) la remoción de 12 parlamentarios del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA).

La petición la materializaron a través de un requerimiento que ingresaron el martes al órgano jurisdiccional en contra de los diputados del PC Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Karol Cariola, Camila Vallejo, Daniel Núñez, Boris Barrera y Amaro Labra, más Marisela Santibáñez.

A los anteriores se suman los legisladores frenteamplistas Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix.

Lo anterior, debido a que -a su parecer- estos congresistas han incurrido en esta causal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 60 inciso quinto de la Constitución, que establece la cesación en el cargo del parlamentario que “de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación”.

En esa línea, los legisladores oficialistas afirmaron que las acciones fustigadas ocurrieron en el contexto general de “desobediencia civil y alteración del orden público incitado por los parlamentarios cuya cesación se solicita”, tras el estallido social del 18 de octubre.

En el documento se recuerda que los comunistas usaron su cuenta oficial de Twitter para entregar una declaración pública donde, como bancada, respaldaron “las llamadas ‘evasiones masivas’ convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del Metro de Santiago”.

Partido Comunista
Partido Comunista

A modo de justificar la solicitud contra Boric, el texto relata que, en una serie de ocasiones, el diputado buscó incitar la alteración del orden público, llamando a desconocer la autoridad de fuerzas militares y policiales durante el Estado de Emergencia.

Todos los demás diputados bajo la lupa de Chile Vamos tienen una sección en el requerimiento, que cuenta con 26 páginas, donde se detalla por qué se pide su remoción del cargo.

Aparte de pedir la destitución, los diputados acusadores también solicitaron “la imposibilidad de los parlamentarios sancionados de optar a una función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, en virtud de lo mandatado de forma expresa en el mismo artículo infringido”.

Pasadas las 11:30 horas de este miércoles, Urrutia dijo esperar que el TC acoja y destituya a los parlamentarios opositores “por faltar a sus deberes, principalmente al juramento que hicieron cuando asumieron su cargo”.

Por su parte, Flores, una de las impulsoras de la iniciativa, dijo pensar que a través del llamado a la desobediencia civil se pidió faltar a la legalidad “que parte con este llamamiento (…) a la evasión del metro”.

“En otro caso estuvieron en las marchas derechamente, donde muchas de ellas terminaron desgraciadamente en actos de gran vandalismo y violencia”, añadió Flores.

“Se ha perjudicado a un número importante de chilenos que han visto mermada su posibilidad de trasladarse a sus trabajos, Pymes, micro empresas, el comercio local que se ha visto fuertemente afectado por las pérdidas”, agregó.

En esa línea, Flores confirmó que el presidente de su partido, el diputado Mario Desbordes, les dio libertad de acción para que ellos estudien “de acuerdo al mérito de lo que a nosotros nos parece si tomar o no la decisión de hacer esta presentación”.

“Estamos seguros de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Estamos seguros que, además, esto es el clamor popular de muchos ciudadanos que ven cómo muchos hacen lo que quieren, sin consecuencias”, señaló Flores.

Según aseveró la parlamentaria, y ante las críticas que levantó la medida, dijo que este requerimiento es un mecanismo válido a través del cual piden que el TC establezca si efectivamente están en lo correcto o equivocados.

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