La instancia coordina a los ministerios y servicios responsables de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Dadas las últimas denuncias por posible explotación sexual a adolescentes en Punta Arenas, la parlamentaria asistió a su última sesión para tomar conocimiento de las medidas que se están adoptando por los distintos servicios.
“Nos falta mucho por hacer respecto a la protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y en especial, en nuestra región. Lo venimos diciendo desde hace tiempo, las altas tasas de delitos sexuales en contra de la infancia en Magallanes es alarmante, copan las portadas de nuestros diarios y se requiere a todas instituciones del Estado aborden este problema”, señaló la diputada Javiera Morales.
La Comisión Coordinadora de Protección Regional nace de la aprobación de la Ley de Garantías de la Niñez, con el objetivo de coordinar el trabajo en esta materia. En la instancia, se informó que, debido a distintas denuncias recibidas, hace varias semanas que los servicios realizan redadas nocturnas para fiscalizar posibles delitos e informar sobre la obligación de informar cualquier indicio del delito de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, la parlamentaria indicó que “tenemos que construir y fortalecer la red de protección de los niños, niñas y jóvenes, en especial los que se encuentran bajo el cuidado del Estado. Hay denuncias desde una residencia en Punta Arenas que, si la fiscalía las comprueba, constituyen delitos en que hay una grave vulneración”.
Además, agregó que “hay que instalar una estrategia preventiva en temas de infancia y adolescencia, que permita educar, por ejemplo, sobre la tipificación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y la obligación de denuncia que tienen los funcionarios de salud y de la educación”.
En efecto, a fines del año 2022, se promulgó la ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial, se aumentó las penas respectivas y se configuró la agravante de reincidencia, haciendo valer condenas dictadas en el extranjero. Además, se crea el delito de transmisión por dispositivos tecnológicos de acciones o contenido sexual de menores de 18 años.
