Funcionaria de la seremi de Salud removida de su cargo tras grave episodio en residencia sanitaria acusa ilegalidad y arbitrariedad

El pasado 1 de septiembre fue notificada del cese de sus funciones de la jefatura que ocupaba y se le envió en comisión al Servicio de Salud Magallanes.

Luego de que la seremi de Salud, Mariela Rojas, presentara su renuncia al cargo el pasado 23 de agosto, la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria (Afas Magallanes), recordó -a propósito de la denuncia por violación de una técnico en enfermería al interior de una residencia sanitaria- que durante meses venían denunciando la pésima gestión no sólo de la autoridad saliente, sino también de sus asesoras más cercanas; jefa del Departamento de Desarrollo Institucional, Elba Mora Guíñez, y la jefa de Gabinete de la seremi renunciada, Carolina Rehbein Hidalgo, quienes “sin tener las competencias en temas sanitarios realizan toda la logística, organización y control de las residencias cuestionadas con toda justificación”.

A propósito del grave episodio que afectó a una técnico en enfermería, el pasado 1 de septiembre, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, puso término a la encomendación de función de jefa de Desarrollo Institucional de la seremi, Elba Mora, siendo enviada a contar de esa fecha en comisión de servicio al Servicio de Salud Magallanes.

Este acto administrativo es que el busca impugnar la funcionaria aludida a través de un recurso de protección ingresado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, dirigida en contra de la subsecretaria Paula Daza.

“Fui víctima de un acto ilegal y arbitrario que me priva de mi función, y de un porcentaje de los emolumentos que percibía hasta el 31 de agosto 2020, donde las autoridades de manera intencionada generaron un menoscabo a mi integridad profesional y personal ante la opinión pública y dentro del sector de salud, situación que hoy incluso hace que vea amenazada la continuidad de mi empleo posterior al 31 de diciembre 2020”, señala en su presentación judicial.

Enseguida alude al hecho de trascendencia nacional, como fue la agresión sexual denunciada por una funcionaria de Salud de una residencia sanitaria, del cual, dijo, se le culpa injustamente y que significó que el 31 de agosto pasado fuera llamada a la oficina del seremi (s) Eduardo Castillo Vera, quien la responsabilizó de los últimos hechos acontecidos respecto de la falta de seguridad en las residencias sanitarias, en una de las cuales presuntamente fue violada por dos extranjeros una técnico en enfermería mientras realizaba su turno de noche al cuidado de personas aisladas por concepto de pandemia Covid-19.

En respuesta a dicha acusación, la funcionaria atribuyó responsabilidades a las autoridades regionales por no haber colaborado con asignar un militar para cada residencia, tal y como ella misma se lo solicitó en más de una vez a la seremi saliente, a quien a la vez exculpó de lo anterior, al señalar que “ella (la renunciada Mariela Rojas) a pesar de haberlo solicitado en reuniones de COE (Comité de Operaciones de Emergencia), al o los comandantes (de las Fuerzas Armadas) les señalaban que no contaban con personal para ese fin”.

En su recurso de protección, plantea que se declare como arbitrario e ilegal la resolución exenta dictada por la subsecretaria Paula Daza que la privó de seguir ejerciendo su cargo, y se le devuelvan sus funciones, grado y cargo de jefa de Desarrollo Institucional de la seremi de Saud, y que mientras tanto se resuelve el fondo de la presentación legal, se decrete orden de no innovar, ordenando suspender los efectos de la Resolución Exenta Nº734 firmada por la subsecretaria Daza.

La Prensa Austral

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